Víctimas de guerra y del olvido

"En 1982 masacraron a mi mamá y otras 15 personas y quemaron nuestra casa, ahora buscamos apoyo porque no hemos recibido ayuda" relató el indígena ixil Jacinto Escobar, que procura un resarcimiento del Estado tras la guerra que asoló a este país entre 1960 y 1996.

“Perdimos nuestra casa porque en esos tiempos las quemaban junto con las personas que había dentro. Gracias a Dios yo no estaba en ese momento y pude esconderme”, añadió Escobar, ahora padre de nueve hijos, desde el noroccidental departamento de Quiché, el más golpeado por el conflicto.

El enfrentamiento armado entre la guerrilla izquierdista y las fuerzas del Estado dejaron en Guatemala 250.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría indígenas, con el ejército como responsable de 93 por ciento de los crímenes, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

El 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la coalición guerrillera Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, en lo que culminó el proceso de paz en que participó como representante del ejército el general retirado Otto Pérez Molina, presidente del país desde enero.

En los acuerdos de paz impulsados por las Naciones Unidas, se establecieron compensaciones para las víctimas de 36 años de conflicto armado, y pactos especiales sobre derechos humanos y la identidad y derechos de los pueblos indígenas.  Para reparar a las víctimas, el gobierno creó en 2003 el Programa Nacional de Resarcimiento, destinado a adoptar medidas de restitución material, como tierra y vivienda, y de compensación económica y de rehabilitación y reparación psicosocial, entre otras.

Sin embargo, la corrupción, el clientelismo y la utilización con fines políticos de este programa ha puesto cuesta arriba su labor, mientras la mayoría de víctimas aún aguardan por una compensación y otras tantas la reciben pero a medias, destacan informes y activistas humanitarios. ”Aquí el Programa entregó 576 viviendas en 2011 pero a medio terminar. Tuvimos que comprar cemento, hierro, pagar un albañil e incluso acarrear materiales de construcción para terminarlas”, dijo a IPS otro sobreviviente, Manuel Tay, desde el noroccidental departamento de Chimaltenango.

Tay, quien perdió a cinco de sus hermanos durante el conflicto, relató que las casas están construidas de un material “muy sencillo” al punto que “hubo algunas que no tenían ni tres meses y el piso se estaba agrietando”. Para acceder a algún resarcimiento, Tay tuvo que hacer infinidad de gestiones ante organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y formar la Asociación Q’anil, que en idioma maya kaqchikel significa “semilla”.

El activista solo consiguió hasta ahora una vivienda de 36 metros cuadrados de construcción y una indemnización equivalente a 3.600 dólares para él y sus dos hermanos sobrevivientes. Pero eso no es todo. La frustración de las víctimas de la guerra no sería tal, si no fuera por las fuertes denuncias de malos manejos de fondos que existen contra exfuncionarios que trabajaron en el programa.

Falta de transparencia, discrecionalidad y discriminación son parte de las dificultades encontradas en el Programa Nacional de Resarcimiento por una auditoría social realizada en 2010 y 2011 por 19 organizaciones no gubernamentales, algunas de víctimas del conflicto.  ”Hay indicios de corrupción en la implementación de las medidas de resarcimiento, violación del derecho de las víctimas y no existe una política clara, sistemática, pertinente y permanente de atención a casos colectivos e integrales”, señala el informe.

De hecho, 32 comunidades indígenas demandaron en 2011 al Estado guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no brindar resarcimiento a los sobrevivientes o parientes de víctimas del conflicto armado.  También hay mucho que decir de las medidas de reparación psicosocial y rehabilitación y de la dignificación de las víctimas.

Sergio Castro, del no gubernamental Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, una organización que apoya a los afectados por la guerra, dijo a IPS que desde su creación en 2003 el Programa de resarcimiento se ha enfocado en la restitución material y económica, “quizás en un 20 por ciento del total de las víctimas”.  ”Pero no ha habido restitución de tierras, inversión productiva y reparación psicosocial a mujeres que sufrieron violencia”, que también formaban parte de las medidas contempladas por el programa gubernamental, añadió.

Según el Ministerio Público (fiscalía), solo durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), actualmente procesado por genocidio, 1.485 mujeres menores de edad fueron violadas y 29.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares.

En ese contexto, Castro considera que la atención psicosocial de las víctimas “es algo fundamental para construir la armonización del tejido social”, sobre todo si se toma en cuenta que “en las comunidades conviven víctimas y victimarios”.

Otros países latinoamericanos, como Chile y Argentina, también implementaron mecanismos de reparación económica y social de las víctimas de la represión de dictaduras militares en el pasado.  También existió el programa alemán de indemnización a las víctimas del holocausto nazi, dirigido a quienes sufrieron la violación a sus derechos y libertades fundamentales, debido a su raza, religión o ideología.

Feliciana Macario, activista de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, dijo a IPS que en el caso guatemalteco “ha habido falta de voluntad” de apoyar a las víctimas de la guerra. La llegada a la Presidencia cuatrienal de Pérez Molina, signatario de los acuerdos de paz y excombatiente del ejército durante el conflicto, no aporta una esperanza de apoyo para las víctimas.  ”Si el presidente es signatario de los acuerdos debe cumplirlos. Pero hasta ahora no podría decir mayor cosa,  Hasta ver cómo tratará el presupuesto para el Programa”, señaló Macario.

De hecho, para 2012 este programa tiene un presupuesto de 10,5 millones de dólares, si bien agrupaciones sociales solicitaron al Poder Legislativo cerca de 40 millones de dólares.  La activista recordó que esta ayuda es muy significativa para los afectados por el conflicto armado, quienes perdieron a sus familiares, viviendas y cultivos.

Añadió que sería de especial importancia la referida al tema psicosocial. ”Es una medida que ayudaría mucho a la superación de toda la violencia que sufrieron miles de personas. Miles de mujeres fueron violadas por el ejército de Guatemala pero nunca han sido atendidas”, concluyó.

Por Danilo Valladares
Fotografia Rodrigo Abd/AP
Fuente Periodismo Humano

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Las demandas de los pueblos

En Guatemala los primeros derechos fueron formulados en 1890 en los “Los Apuntamientos de Agricultra y Comercio del Reino de Guatemala”. También en la primera Constitución de la Federación Centroamericana. Esta última mencionaba los derechos a: la vida, la libertad, la expresión, la igualdad ante la ley, la libertad de locomoción y se expresa contra la servidumbre.

En 1837 y en 1839 fueron autorizados dos declaraciones de los Derechos de los habitantes de Guatemala. Con el tiempo se fueron modificando los derechos de las personas, puede decirse que tendían a fortalecerles. Sin embargo, de 1956 a 1965 hay un retroceso en la materia, pero con la Constitución de 1985 se elevó la declaración de derechos al nivel de las Consituciones contemporáneas.

Esas declaraciones y leyes existen, escritos, muchas no son puestos en practica. Eso lo manifestaron los respresentantes de diferentes pueblos de Guatemala, la mayoría identificada con su grupo lingüístico, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Naby Pillay.

Se concentraron la semana pasada en el estadio Atanasio Tzul, en Totonicapán, en medio de una fria llovizna proveniente del bosque, el Corazón del Pueblo le llaman sus pobladores.

Si bien se dice que a mayor denuncia, mayor eficacia en las instituciones, para muchas comunidades esa frase no aplica en el país. Debido a la imposibilidad de que se cumplan sus derechos, y que por el contrario, se quebranten, los representantes de los pueblos expusieron sus casos a la funcionaria de las Naciones Unidas.

Divididos en bloques y conformados de acuerdo a sus demandas, los representantes de los pueblos expusieron los casos en donde se han violentado sus derechos. Cualquier parecido entre las denuncias no fue pura coincidencia.

Denunciaron los peligros que ocasiona la actividad minera, cementera e hidroeléctrica en sus territorios. Así también, denunciaron el irrespeto a las consultas comunitarias, en las que pese a desaprobar la explotación minera, el estado las ha autorizado. También denunciaron asesinatos y criminalización de líderes indígenas y campesinos; el racismo y descriminación, entre otras cosas. Demandaron el respecto a sus derechos.

Guatemala es miembro de las Naciones Unidas desde su creación, el 21 de noviembre de 1945. El Estado guatemalteco convino en la Carta de dicho organismo, que entre otras finalidades, reafirmaría “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”

Los derechos son civiles, culturales, económicos, políticos o sociales.

Los derechos son si se tienen, y se disfrutan.

*Con información de las Naciones Unidas.

Galería de Imágenes: CLIC AQUÍ

Fuente: PlazaPública

Por: Sandra Sebastian

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!El Indio del Sombrero¡

Los soldados usan su quepi en el trabajo pero al hacer el saludo se lo quitan. ¿Qué se cree ese indio?, leí entre un montón de comentarios que levantó en el feisbuk la decisión del parlamentario Amílcar Pop de no quitarse su sombrero cuando esté trabajando en el pleno del Congreso de la República.

Este congresista con su singular prenda arraigada en la costumbre indígena y una tradición familiar, según sus propias palabras, me evoca a otros parlamentarios recordados no solo por representar una etnia del país, sino por los comentarios, muchas veces racistas que se levantaron en su entorno.

Uno de ellos, más recordado por gente de mediana edad, estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. Mauricio Quixtán, originario de Xela, llegaba al palacio legislativo con caites y un radio de transistores colgando del hombro para escuchar marimba. Sus compañeros lo miraban de reojo y se burlaban de él sin tapujos, mientras bajaba las gradas del pleno para sentarse en su curul.

Quienes se atrevían a hablarle le reprochaban su actitud de pueblerino. Guatemala está atrasada por culpa de los indios, dijo en una ocasión el constituyente José Francisco García y luego se enfrascaron en una disputa verbal frente a todos. Dejar sus costumbres de indio y comportarse como un Padre de la Patria para no ponerlos en vergüenza, era lo que ellos exigían. Pese a las burlas, el tiempo que estuvo en el cargo no declinó en sus costumbres de llevar su traje regional y un morral a cuestas.

Más recientemente, en la legislatura 2000-2004 recuerdo a Pablo Ceto -electo por la URNG- y su saco tradicional del Triángulo Ixil. A la vista de cualquiera, sus colores rojo con ribetes negros, desentonaban con los sacos y corbatas de cashé de sus compañeros.

Alguien le habrá dicho algo. No lo se, ni lo creo. Era un exguerrillero y conocedor de sus derechos como indígena por lo que los otros, nada mulas, han de haber preferido no meterse a clavos.

Para esos días ya había una reforma al Código Penal que permite el juicio en contra de quien discrimine con actos y palabras en contra de otra persona. En ese tiempo la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, uso ese derecho al iniciar un proceso en contra de seguidores del general Efraín Ríos Montt que la acosaron en una diligencia judicial.

Ahora, Pop, originario de Alta Verapaz, tuvo su primer encontronazo cuando ni siquiera había pisado la alfombra del pleno. Segundos antes de jurar para la legislatura 2012-2016, el mismísimo constitucionalista Oliverio García Rodas, como parte de la comisión de protocolo del Congreso, le advirtió que debía quitarse el sombrero al entrar o no le permitiría el paso.

El diputado q´eqchí lo retó a atreverse, pero también le dijo que si antes le iba a quitar sus quepis a los cadetes de la Escuela Politécnica que adornaban el recinto para el evento, él mismo se lo quitaría. Eso no ocurrió y los cadetes hasta entonaron el Himno Nacional con sobrero puesto.

Amílcar entró con el suyo y la advertencia para todos de que sus tradiciones nadie se las iba a quitar. Más bien retó a sus compañeros a que se pongan a trabajar por el pueblo, que para eso se les paga, y no para juzgar la forma en que visten los demás.

FUENTE: Fotografía: http://www.atlasweb.it

Información: http://relatosdeunaprendiz.wordpress.com

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Del dicho al hecho

Si de veras se busca superar (no olvidar) el pasado para alcanzar la plena reconciliación nacional y evitar que haya grupos que a pesar de no haber protagonizado el conflicto armado sí viven de él (gracias a la cooperación internacional), el primer paso a dar es que la justicia por delitos de lesa humanidad se aplique sobre ambos bandos.

Si de veras se busca que toda la ciudadanía (y no sólo un sector) prospere y que se desarrolle integralmente el agro, es imprescindible hacer orbitar el quehacer político en torno a la mantención de la justicia social, lo cual no quiere decir quitarle a los que tienen para dárselo a los que no tienen, sino que los que más ganen paguen más impuestos y que la igualdad de oportunidades esté tutelada por el Estado, pues sólo así la pequeña y mediana empresa se desarrollará con pleno acceso al capital, superando con ello las prácticas monopólicas que causan el atraso económico.

Si de veras se busca que la ciudadanía pueda salir a caminar por las ciudades y los campos sin temor a ser asaltada, extorsionada, secuestrada y asesinada, es necesario fomentar el acceso al capital para la micro, pequeña y mediana empresa a fin de que haya cada vez más empresarios y más asalariados y que como consecuencia crezcan la producción y el consumo junto con las capas medias, pues la causa de la violencia es económica.

Si de veras se busca el desarrollo integral, resulta ineludible instaurar un sistema educativo basado en la historicidad (o explicación del desarrollo del objeto de estudio), la criticidad (o la capacidad de ejercer el propio criterio) y la radicalidad (o la capacidad de ir a la raíz causal de los fenómenos), superando modas pedagógicas que sólo buscan incrementar el consumismo en los educandos, como la de la “tecnología en el aula” o la de “aprender jugando”.

Si de veras se busca superar el racismo y el sexismo, es imprescindible poner en práctica políticas culturales para un país muticultural, las cuales impulsen el interculturalismo y la interculturación mediante los criterios educativos de la historicidad, la criticidad y la radicalidad, a fin de que los guatemaltecos conozcan su historia y entiendan el origen de sus diferencias. Pues sólo la comprensión cognitiva de las diferencias lleva a respetarlas. Los mandatos conductistas sólo fomentan una hipocresía biempensante y “políticamente correcta” que no anula el racismo de las estructuras mentales.

Si de veras se busca reducir la violencia de la narcoactividad, lo que de ninguna manera se debe hacer es iniciar una absurda guerra al estilo de Felipe Calderón en México, sino exigir como región que los países consumidores de droga ataquen este problema en su territorio, en vez de traer la guerra contra la narcoactividad a los países productores y de trasiego.

Si de veras se busca el apoyo de la ciudadanía para hacer gobierno, es imperativo demostrarle a todos y cada uno de los sectores de esa ciudadanía que en el proyecto político que se impulsa hay algo para cada cual. Es decir, que hay tareas y beneficios por obtener para cada sector, a cambio del pretendido apoyo político ciudadano. No se trata de eliminar opositores mediante “limpiezas sociales” amparadas en el silencio de la prensa corporativa, sino de proteger el empleo e impulsar proyectos de nivelación social mientras la producción arranca bajo un plan de corto, mediano y largo plazo.

Por Mario Roberto Morales
consucultura@intelnet.net.gt

www.albedrio.org

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15 años después, la paz firme y duradera no ha llegado

Las expectativas puestas sobre Guatemala en el ámbito internacional y por supuesto, las puestas por los mismos guatemaltecos radicados en el país y más por aquellos hasta ese momento vivían en el exilio, hace 15 años, con la firma del último acuerdo entre la guerrilla y el ejército de Guatemala para terminar con 36 años de guerra, parece que se fueron desvaneciendo al no mostrarse, resultados alentadores.

El final de una guerra interna donde murieron hombres, mujeres y niños en su mayoría ajenas al conflicto o en todo caso seducidas por uno de los bandos que prometía un país igualitario por un lado, y libre por el otro, no dejaba de abrir una ventana de esperanza a un país donde dejara de correr la sangre de hermanos y se entrara en un proceso de paz y desarrollo.

 

En ese 29 de diciembre de 1996, estaban en el país hombres de Estado, gobernantes de muchos países del mundo, las televisoras informaban en directo de la culminación de uno de los conflictos más largos del continente. En medio de la euforia los países miembros de la comunidad internacional ofrecían millones de dólares para refundar el país sobre bases distintas a las que dieron razón de ser al conflicto, se tenía la intención de llevar a cabo en pocos años el cumplimiento de dos acuerdos sustantivos, el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Socioeconómico y de Situación Agraria que se suponía podrían revertir años de discriminación, racismo, exclusión, centralismo y desatención de las necesidades de las grandes mayorías.

Pero, como sucede con la mayoría de cosas en Guatemala, todo parece que quedó en buenas intenciones. En 15 años perdimos la oportunidad de llegar a un nuevo contrato social lo cual trajo nuevos enemigos de la paz como el narcotráfico, tráfico de personas, contrabando de armas, que ahora cobra más vidas que la misma guerra. No construimos institucionalidad y por tanto hoy la administración pública está mucho más corrompida que durante el conflicto, no tenemos partidos políticos verdaderos que intermedien entre la sociedad civil y el gobierno, los aparatos de seguridad están infestados de malos elementos, y la organización social es mucho más débil, más clientelar, concentrada en figurones que luego se convierten en altos funcionarios de gobierno. La justicia tampoco tiene avances sustantivos, sigue lenta, sesgada y distingue posiciones sociales y económicas para aplicarse.

Sería ingenuo, no reconocer que no vivimos en paz. Somos más violentos en lo individual, hay más violencia intrafamiliar además de agregar una escalada en los crímenes contra las mujeres que no se veía en el conflicto.  Los muertos anuales en Guatemala exceden por mucho a los que se daban durante el conflicto, esta vez, sin guerra declarada.

Solamente en la capital, se habla de un gasto de casi el millón de quetzales para ‘celebrar’ estos 15 años de la Firma de la Paz, una celebración que dista mucho del anhelo de ese 1996.

Solo reconociendo que ese proceso de paz fue una farsa para dar paso al crimen organizado bajo la envoltura de una democracia, podemos ocuparnos en una nueva convocatoria para lograr, ahora sí, un gran acuerdo nacional donde todos cedamos un poquito, pero de verdad lo hagamos, porque por mantener nuestros privilegios el país se nos está yendo de las manos.

 Fuente Periódico la Noticia

 Imagen Nodo50

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Polémica reforma de la Ley de Telecomunicaciones

Polémica reforma de la Ley de Telecomunicaciones: “se perjudica a las radios comunitarias y no se respeta el pluralismo real”

La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) fue aprobada poco tiempo después de que se presentara ante el Congreso en segunda lectura, el 23 de noviembre de 2011. El texto permite a las frecuencias de radio y televisión que ya poseen una concesión por una duración de quince años, ampliar los títulos de usufructo (obtener su renovación) de forma casi automática por un plazo de 25 años.

“Benéfica para los medios de comunicación audiovisuales concernidos, una medida como esta no deja ningún lugar a las televisoras y, sobre todo, a las radios comunitarias que esperan una regularización y enfrentan como oposición a su solicitud, una insuficiencia de frecuencias disponibles. De hecho, la reforma de la LGT impone a estos medios de comunicación permanecer al margen del espacio de difusión y hace que corran el riesgo de que, en cualquier momento, sean cerradas ante la falta de un estatuto legal. Es por ello que Reporteros sin Fronteras hace eco del sentimiento de injusticia manifestado por los representantes de las radios comunitarias de los pueblos indígenas (mayas, xinkas), garífunas y mestizos, que estarían a priori privadas de toda oportunidad de emitir de manera regular”, declaró la organización.

“La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) deberá, en un plazo no mayor de quince días después de presentada la solicitud de prórroga del plazo de usufructo, otorgar los títulos [de frecuencia] por un plazo de 25 años”, dispone la nueva legislación, que agrega que si la SIT no respondiera en el plazo contemplado “el silencio administrativo operará en el sentido de que la prórroga solicitada por el interesado se tendrá por otorgada y surtirá efecto a partir de la fecha de vencimiento del plazo cuya prórroga fue requerida”.

A la indignación expresada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala (Amarc Guatemala) frente a la adopción de estas nuevas cláusulas legales, se suma una fuerte preocupación por el futuro de una legislación ad hoc para las radios comunitarias.

El Congreso guatemalteco también se encarga del examen de una iniciativa de ley llamada 4087, elaborada en el marco del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, establecido entre otros en diciembre de 1996 entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, ex guerrilla), marcando el fin de 36 años de guerra civil. Según la Amarc Guatemala, el examen actual de la Iniciativa de Ley 4087 por la Comisión de Comunicaciones del Congreso y la SIT podría tener como consecuencia que se otorgaran a las radios comunitarias frecuencias limitadas en número y de difusión restringida. Esto, negando el espíritu de los acuerdos de paz y menospreciando los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a crear un espacio de apoyo y difusión para las culturas indígenas y las minorías.

“Reporteros sin Fronteras constata aquí una discriminación incompatible con la exigencia de un pluralismo real. Como en Honduras y otros países de América Latina, la carencia o la insuficiente aplicación de una ley de medios de comunicación comunitarios produce la concentración excesiva, incluso el monopolio. La iniciativa de ley 4087 debe ser adoptada conforme a su espíritu, antes de una revisión y una atribución justas de frecuencias”, concluyó la organización.

 Fuente: Reporteros Sin Fronteras

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Guatemala: Un genocida como presidente

 

Ya me lo habían advertido : “Quiché es una ironía, vos”. El comentario me lo hizo un líder comunitario en San Martín de Jilotepeque que conoce como la palma de su mano a su país, antes de venir a este pueblo, uno de los más masacrados durante la guerra civil (1960-1996), uno de los más pobres del país.

¿Hermano usted sabe algo de la guerra civil ?, le consulto a un joven con pinta de veterano de guerra -los jóvenes aquí están viejos y deteriorados. “No, vos.”, contesta.

Pero aquí mataron a mucha gente. ¿No sabías ? No, -dice- no sé.

¿Aquí no se habla de esto ? Insisto, ya un poco desorientado. “No vos, no sé que hablas. A mí no me han hablado de ninguna guerra. En el colegio menos”.

Es increíble, porque con este indígena conversé a un costado de la Gobernación de Quiché, en otrora, en 1980 cuando arreció la masacre, era una cárcel clandestina. El maya se retira, no sé si molesto, y se pierde entre el mercado popular que es su pueblo.

A los Guatemaltecos, a sus nuevas generaciones, a esos que acudieron en masa a votar, quienes lucen camisetas blancas que dicen “voluntarios” en estas elecciones del domingo, le censuraron su pasado, sus 45 mil muertos oficiales y otros tantos miles no oficiales. La guerra luce tan distante (y casi como mentira) para muchos de ellos, que hoy repiten orgullosos que votaron por Otto Pérez Molina, un ex militar que participó activamente como capitán cuando el ejército desaparecía a sus abuelos, o a sus padres.

No les dijeron nunca que Quiché, su pueblo, por ejemplo, fue cercado por el ejército para capturar a sus hermanos mayas, acusados todos de participar del ejército del pueblo. Los separaban por hombres y mujeres (los niños eran incluídos). Muchos terminaban en hornos, en huecos donde les prendían fuego con leña hasta quedar en cenizas, otros eran degollados o asesinados a tiros ; quienes huían los masacraban desde el cielo con helicópteros.

Quiché jugó un papel determinante en este conflicto, por su cercanía con la frontera mexicana, punto de partida de los guerrilleros que incursionaron a Guatemala. En comunidades muy cercanas a donde me encuentro, como Ixcán o Nebaj las historias relacionadas al conflicto son de terror. Si no morían los hacían trabajar como esclavos.

Se contabilizaron unas 440 comunidades masacradas por estos tipos, que hoy llegan al poder en Guatemala, prometiendo una mano muy dura, cuando en Quiché, como el resto del interior de Guatemala, lo que se necesita es una mano muy dura contra la pobreza. Quiché lideriza al país en desnutrición infantil. Es muy normal ver a niños, casi mendigos, por no afirmarlo, vendiendo todo en la calle, sucios, pidiendo quetzales a su paso ya que Quiché es un mercado donde todos son empresarios (muy informales).

Las calles se han perdido entre tantas lonas e indígenas que ofrecen lo que menos imaginas : piedras, relojes, camisetas del barcelona, gallinas, relojes, sexo, zapatos, aretes, ropa maya, manzanas, Tito el Bambino, Shakira. Es doloroso conocer este Quiché, sufrido, que vive peor que en esa época terrible, y con miedo, como me aseguró una señora de un restaurante, porque “tratar de exigir justicia o clamar por un familiar muerto” puede traer todavía consecuencias mortales.

Los Guatemaltecos que votaron son relativamente jóvenes y han obsevado toda su vida a Efraín Ríos Montt, uno de los presidentes vinculados a las masacres de la guerra, gozar de una impunidad total, y hablar en la televisión como Diputado del Congreso. Más de 7 millones estaban acreditados en el padrón electoral (más del 50% eran mujeres), de los cuales un poco más de la mitad votó este domingo. Una gran parte del grupo eran jóvenes como el que conocí en el parque.

Son ellos, y la gente urbana, aquellos que sí le tienen miedo a la violencia, que no saben que es pasar hambre, quienes exigen al gobierno medidas solo para ellos, quienes apoyan a Otto y votaron por Otto. El resto no les quedó otra que Baldizón, o no votar. Por eso en Quiché, esta noche, que se ha sabido el resultado final, las luces se apagaron temprano como todas las noches. Y los indígenas se retiraron a sus aldeas, porque toca volver en la madrugada de este lunes a seguir vendiendo sus vidas y callar 4 años más....

 

Por: Víctor Mojica Páez
Otramérica

Fuente: Socialismo y Democracia 

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Documental "Nuestra voz, nuestra memoria"

Documental revive el terror del conflicto 

armado interno en Guatemala

Un documental cinematográfico elaborado por una organización humanitaria y titulado Nuestra voz, nuestra memoria, revive el terror y la violencia a la que fue sometida la población indígena de Guatemala durante el conflicto armado interno.

Con una duración de 30 minutos, el documental de carácter pedagógico, que ha sido presentado esta semana en el pais, fue realizado en base a entrevistas y material de archivo, explicó a Efe su productor, Alfonso Porres.

El material, precisó Porres, incluye entrevistas que se hicieron en su momento al general golpista José Efraín Ríos Montt, cuando fue jefe de Estado de facto en 1982 y 1983, y testimonios de sobrevivientes de las masacres y de las violaciones sexuales que perpetraron los militares.

La producción fue realizada por la ONG Luciérnaga, que desde hace 15 años desarrolla un proyecto de rescate de la memoria visual a petición del Centro Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que colabora con las víctimas del genocidio a llevar a los responsables ante la justicia, apuntó.

El documental, agregó el productor, se hizo con la idea de que se convierta en una herramienta educativa y va dedicado especialmente a los jóvenes que ignoran el genocidio que hubo en Guatemala.

En la cinta, Tiburcio Tuy, uno de los protagonistas, revive las brutalidades que cometieron militares en el área de Ixil, en el departamento de Quiché, que fue el más goleado por el conflicto armado interno.

Tuy narra que desde un cerro vio a los soldados llegar a la comunidad y encerrar en una casa a unos 11 indígenas que luego quemaron.

“Dos mujeres se habían escapado pero las alcanzaron. A una pobre señora que estaba embarazada le partieron la barriga, le sacaron al bebé y lo estrellaron en un palo que estaba tirado en el patio de la casa. Luego los quemaron”, recorda.

“A la segunda le quebraron la cabeza con un machete, salieron los sesos de la señora y quedaron regados en el camino, la arrastraron como a un perro y la quemaron”, agrega.

Tuy no escapó a la represión militar. Sostiene que el Ejército lo capturó, lo torturó, le quemó los testículos, el pecho y los ojos, y los soldados también le abrieron el estómago.

En tanto, Antonia Valey Xitimul, de la comunidad de Chichupac, en el departamento norteño de Baja Verapaz, recuerda: “Yo fui violada varias veces por los ejércitos y perdí a mi hijo de tres meses”.

El terror que le tocó vivir fue en los años 1981 y 1982, y debido a los ataques sexuales de los militares, tuvo que esconderse en las montañas durante tres años con otros dos hijos y su esposo, pero cuando volvió a la comunidad, fue capturada de nuevo y golpeada de forma brutal por los soldados, comenta.

“Mi vida la tengo comprada. He sufrido mucho, aguantamos hambre y frío”  dice esta mujer indígena.

Varios niños de San Martín Jilotepeque, Jalapa, que aparecen en el documental, también manifiestan que vieron cuando los soldados mataron a sus padres.

“Mataron a mi papá y a mi mamá”, dice una niña pequeña, mientras otro infante narra cómo corrieron y se escondieron “cuando pasaron los soldados de noche”.

En el documental, el diplomático Christian Tomuschat, que dirigió la Comisión de la Verdad de Guatemala, patrocinada por las Naciones Unidas, sostiene que en las operaciones contrainsurgentes, entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país agentes del Estado “cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”.

El documental muestra escenas de masacres, el desplazamiento de niños y adultos que llevan al hombro sus pocas pertenencias cuando huyen de la represión militar, hacia las montañas.

El director de Caldh, Mario Minera, afirma que el genocidio que perpetró el Ejército fue para desplazar a la gente de sus comunidades y controlar el territorio con el fin de explotar sus bienes naturales.

“En Guatemala se tiene que hacer justicia por el genocidio, pero ahora está dominada por la impunidad que se estructuró desde el conflicto armado y hoy es imposible aspirar a vivir en un estado moderno si no damos pasos para combatir esa impunidad”, asegura el activista humanitario.

La guerra interna que acabó en Guatemala en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla dejó más de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados, según la Comisión de la Verdad.

POR AGENCIA EFE

Ciudad de Guatemala

Fuente: Prensa Libre

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Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera

«Dulce Guatemala antigua,
doble filo entre los mares,
el nuevo rostro del crimen te invade. ¡Ay!
Duro, atiranta tus arcos tenaz flechera del aire,
David pastor y pequeño abatió al monte más grande.
Tú, quetzal, David de América,
serás la más alta y grande».

Rafael Alberti.

Este mural, que mide 260 por 450 centímetros, cuenta con una inscripción que dice: «7 de noviembre de 1954. Diego Rivera. Colaboradoras Rina Lazo, Ana Teresa».

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Foster Dulles, quien fue abogado de la United Fruit Company, calificó de «gloriosa victoria» la intervención en Guatemala de la Central Intelligence Agency (CIA), denominada «Operación Éxito», a cargo de su hermano Allen, a lo que el gran pintor muralista mexicano Diego Rivera respondió pocos días más tarde con esta pintura que llamó «Gloriosa victoria».

En ella se ve a Carlos Castillo Armas (con un fajo de dólares en la chaqueta) saludando en actitud servil a John Foster Dulles (Secretario de Estado de Estados Unidos en 1954), quien sostiene una bomba con la cara de Eisenhower (Presidente norteamericano en aquél entonces, razón por la que el autor, mexicano, fue censurado en Estados Unidos), el que está rodeado de pencas de bananos y niños muertos. Al lado está el embajador estadounidense, John Peurifoy, acompañado de varios militares, en tanto el director de la CIA (Allen Dulles) susurra en el oído de su hermano (John); mientras por un lado se ve al arzobispo de Guatemala, Mariano Rossell Arellano, bendiciendo el acto (en una postura incomprensible, la Iglesia Católica apoyó la Invasión).

Completa la obra la protesta del Pueblo de Guatemala, entre el cual se encuentra, con camisa roja, la pintora guatemalteca Rina Lazo.

Este mural estuvo extraviado durante 45 años, hasta que en 2000 fue localizado en las bodegas del Museo Pushkin de Rusia, institución que lo cedió a México para exhibirlo por primera vez en el Museo del Palacio de Bellas Artes como parte de la exposición «Epopeya Mural».

Fuente: Movimiento Ilustrado

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Prácticas Sociales Genocidas en Guatemala

Por: Mariano González

magopsi@yahoo.com.mx

Fuente: Público GT

La importancia de definir qué es un genocidio no se limita a una cuestión puramente conceptual. Tiene efectos políticos y jurídicos importantes, incluyendo la persecución de los que lleguen a ser calificados como genocidas (usualmente perdedores de ciertos conflictos o hechores deslegitimados). La respuesta respecto a qué tipo de práctica, quién lo sufre y quién lo perpetra no es banal. El análisis de un proceso particular puede situar mejor la perspectiva.(i)

De acuerdo a la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio aprobada en 1948 por Naciones Unidas y que es la referencia más importante en materia jurídica al respecto, se define el genocidio de la siguiente forma:

“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Dicha definición ha servido como criterio normativo en distintos procesos jurídicos y también como criterio para discusiones políticas y teóricas. Sin embargo, como lo resalta en su análisis D. Feierstein, es importante recordar que dicha definición fue resultado de discusiones que tomaron en cuenta aspectos que iban más allá de lo puramente conceptual. En otras palabras, el origen de la definición incluyó consideraciones políticas que dejan ver no sólo relaciones de poder en el momento de haberla realizado, sino también deja efectos políticos muy importantes.

Tal vez el más importante sea el de la no inclusión de “grupos políticos” dentro de la misma definición.(ii) Esta exclusión se entiende debido al interés de que más Estados reconocieran dicha convención. No obstante, tiene complejas derivaciones. Señala también Feierstein que una de ellas es que rompe con uno de los pilares del derecho tal y como se ha entendido en buena parte de la tradición jurídica moderna: la igualdad ante la ley, pues en efecto, establece el delito a partir de categorías de víctimas y discrimina entre ellas:

“En la definición adoptada por la Convención, el genocidio queda restringido a cuatro grupos (étnico, nacional, racial o religioso). Al especificar esta restricción, sin embargo, se diseñó por primera vez un tipo penal que tiene la particularidad de establecer un derecho diferenciado (es decir, no igualitario). La misma práctica, con la misma sistematicidad, el mismo horror y análoga saña, sólo es pasible de ser identificada como tal si las víctimas tienen determinadas características en común, pero no otras” (2008: 43).

Creo que esta reflexión es sumamente importante para la discusión que se ha realizado en torno al caso guatemalteco. Limitando la cuestión a lo que aparece en la discusión pública (no en lo jurídico ni en publicaciones especializadas), uno de los argumentos que han dado los militares respecto a la no existencia de genocidio en Guatemala es que no se dirigió específicamente a uno de los grupos que están definidos en la Convención, es decir, a los grupos étnicos en los que mayores víctimas hubo durante el conflicto (el caso más claro es el del pueblo Ixil), sino que, el ejército “únicamente” actuó contra la guerrilla y sus simpatizantes.

Sin embargo, al reflexionar sobre el punto y cuestionar la propia definición que ofrece la Convención, es posible considerar que el Estado guatemalteco, principalmente a través del ejército, llegó a cometer matanzas sistemáticas contra el grupo de población que “apoyaba a la guerrilla” y que no estaba definido exclusivamente por su condición étnica sino por el respaldo político al proyecto revolucionario.

Es indudable que la calificación de grupos étnicos en lo sucedido en el caso guatemalteco tiene mucha importancia. Una de las consecuencias es identificar que el racismo existente contribuyó a que se llevara a cabo una política de tierra arrasada como la que implementó el ejército. Pero decir que contribuyó no significa que sea la única razón. Precisamente, la actuación del ejército tuvo una racionalidad específica: la destrucción de la guerrilla y su base social de apoyo.

Más allá del problema que encierra la definición construida por la Convención, esto permite enfocar el problema desde otra perspectiva y considerar que el ejército guatemalteco cometió “un modo de aniquilamiento de un grupo de población como tal” (APUD Feierstein, D. 2008: 57) en tanto que arremetió contra lo que explícitamente definió como la población simpatizante de la guerrilla. Las estrategias del ejército que se condensan en las expresiones de “quitarle el agua al pez” (a la guerrilla) y “tierra arrasada” son manifestaciones de dicha práctica social genocida.

Más allá de las discusión relativa al concepto de genocidio, la propuesta de “prácticas sociales genocidas” que plantea Feierstein permite comprender que el aniquilamiento de un sector importante de la población guatemalteca que, para efectos estratégicos del análisis, podríamos definir como indígena, pobre y rural es un “modo específico de destrucción y reorganización de relaciones sociales”. Ya solo por esta posibilidad de conceptualizar de esta manera lo ocurrido en Guatemala, la perspectiva que aporta Feierstein es muy valiosa.

Con ello se apunta a las modalidades y efectos que tuvieron las prácticas genocidas en Guatemala y que, entre otros, se puede resaltar la destrucción de un sujeto político: el campesinado en proceso de nacionalización revolucionaria (S. Tischler) y la insubordinación realmente existente en lo que la guerrilla denominó como el altiplano densamente poblado (Porras, G.).(iii)

Aunque puede resultar evidente señalarlo, la práctica social genocida del Estado guatemalteco fue la respuesta a las exigencias de transformaciones radicales que se le plantearon en forma de el accionar guerrillero pero también de lucha social efectuada por sectores populares que fueron ampliamente movilizados o que se planteaban críticamente frente a la realidad social guatemalteca. Ante ello, el Estado guatemalteco respondió con la definición de “delincuente subversivo” que fue la legitimación para la persecución y asesinato de importantes sectores de la población, especialmente, debe insistirse, de campesinos indígenas.

Que dicha estrategia tuvo éxito se puede apreciar en varios efectos. Uno de ellos es el hecho que, a pesar de ciertos cambios que se han producido, las condiciones estructurales de pobreza e injusticia permanecen y configuran la realidad guatemalteca sin que exista una respuesta social que busque una transformación real (lo que evidencia la efectividad de la práctica genocida pues supuso la pérdida de la movilización y la perspectiva crítica de importantes sectores). La “reorganización” social que persiguieron las prácticas genocidas del Estado guatemalteco lograron desarticular las protestas sociales e hicieron desaparecer movimientos sociales que no han logrado recuperarse de la destrucción causada. Ejemplo triste de esta afirmación se produjo en el movimiento estudiantil universitario que, pese a ciertos esfuerzos, terminó por encontrarse en el lamentable estado actual. Pero además, vía la herencia de impunidad, hace que la organización política alternativa sea tan difícil: el miedo persiste.

Otro efecto es que tras el éxito militar que incluyó las prácticas genocidas, se pudieran imponer medidas económicas de ajuste estructural. La población quedo lo suficientemente “apaciguada” como para lograr cambios (a favor del capital) sin que se originaran protestas significativas.

En todo caso, la apreciación de la modalidad específica que asumieron las prácticas sociales genocidas en Guatemala puede ser una vía muy enriquecedora para la comprensión de lo sucedido y de los efectos que permanecen en la actualidad. Es un campo en el que todavía queda por hacer.

Bibliografía

Feierstein, D. (2008) El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires, FCE.

Porras, G. (2009) Las huellas de Guatemala. Guatemala, F&G Editores.

Tischler, S. (2005) Memoria, tiempo y sujeto. Guatemala, F&G Editores.

(i) Las presentes consideraciones son una reacción frente al interesante y documentado libro El genocidio como práctica social de D. Feierstein.

(ii) De ello se desprende la necesidad de “forzar al derecho internacional a reconocer que la exclusión del genocidio político de la Convención sobre Genocidio… [Dado que resulta]…la excusa por antonomasia para avalar cualquier proceso genocida que, sin duda, siempre puede encontrar –como cualquier hecho social- una fundamentación política” (Feierstein, D. 2008: 349).

(iii) Aunque Feierstein no lo dice con estas palabras exactas, se puede concluir que en ciertos casos, las prácticas sociales genocidas pueden ser respuesta a otro tipo de prácticas como las realizadas por los movimientos revolucionarios y movimientos sociales y populares que buscan la transformación de las relaciones sociales existentes en una sociedad. Se puede indicar que son un caso dentro de la clasificación de genocidio reorganizador que propone el autor.

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